Se aprobó mediante el Consejo de Ministros dos reales decretos que desarrollan la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y que entrará en vigor el próximo 5 de julio. En éstos se establece que las menores tendrán que informar a sus padres si quieren abortar y acreditar ante el médico que han cumplido con este requisito.

La vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega explicó en rueda de prensa que una de las normas aprobadas es la que «regula el deber de las jóvenes de 16 a 17 años que decidan interrumpir su embarazo, de informar a sus padres o representantes legales y acreditar esa información cuando acudan a un centro con el deseo o la intención de solicitar una interrupción de su embarazo».

Los abortos se practicarán en la red sanitaria pública o los centros acreditados y vinculados a la misma y aclara que si un centro público no puede atender «a tiempo» una solicitud de interrupción de embarazo de una mujer, reconocerá el derecho de ésta a acudir a cualquier centro acreditado.

Estos dos reales decretos han regulado asimismo, «la naturaleza, composición y funcionamiento del comité clínico encargado de constatar la existencia o no de enfermedades previamente diagnosticadas» y la información previa al consentimiento de la mujer, que se realizará en tres fases.

La medida ha provocado ya protestas en algunos sectores, y las asociaciones juveniles Mueve-te, Nasciturus, Médicos por la vida o Jóvenes de Hazte Oír han convocado a «todos los defensores de la vida» frente a un centro especializado de abortos en Madrid para celebrar su última velada «por la vida, la mujer y la maternidad» aunque se espera haya más protestas.

Imagen | Libertinus

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